El conflicto por la presidencia de comunidad se cruza con la construcción del proyecto médico del IMSS-Bienestar, mientras el Gobierno estatal defiende la legalidad de las autoridades constituidas.

La disputa en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, está lejos de terminar. El conflicto por la presidencia de comunidad ahora se entrelaza directamente con la construcción del proyecto de infraestructura médica del IMSS-Bienestar, provocando un nuevo choque entre grupos de pobladores y el Gobierno estatal.

El coordinador de Comunicación del Ejecutivo, Antonio Martínez Velázquez, fijó una postura contundente: las decisiones tomadas en asambleas convocadas por sectores inconformes no serán reconocidas por el Gobierno estatal si no cumplen con las reglas y procedimientos correspondientes.

El funcionario cuestionó particularmente la reciente reunión en la que se acordó remover nuevamente al presidente de comunidad, al considerar que no fue avalada por el INPI ni por otra instancia institucional.

La declaración ocurre en medio de un conflicto que ya ha llegado a los tribunales electorales.

En agosto pasado, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó la invalidez de una asamblea previa de Ixcotla que había destituido al presidente de comunidad, al determinar que la convocatoria no planteó expresamente la remoción y que el comité que organizó aquella reunión no tenía facultades para hacerlo.

Pero el pasado 18 de septiembre, habitantes de la comunidad realizaron una nueva asamblea y, según reportes periodísticos, acordaron nuevamente remover a José Juan Cuautle Romano y eligieron a Miguel Sastré de Casa como presidente de comunidad.

El Gobierno estatal sostiene una posición distinta y defiende que la autoridad comunitaria debe permanecer conforme a las resoluciones judiciales aplicables y al sistema normativo de la comunidad.

En paralelo se encuentra el proyecto del IMSS, que contempla una Unidad de Medicina Familiar Plus, un Centro de Educación y Cuidado Infantil, una unidad deportiva y una unidad de hemodiálisis, como parte de un proyecto integral de salud para la región.

Mientras el Gobierno sostiene que el proyecto cuenta con respaldo de las comunidades, grupos inconformes han mantenido su rechazo principalmente por el uso de los campos deportivos, argumentando que no se oponen a la clínica, sino a perder esos espacios sin una alternativa adecuada.

Así, Ixcotla enfrenta una disputa con varios frentes abiertos: la representación comunitaria, la validez de las asambleas, las resoluciones electorales y el futuro de los terrenos donde se pretende desarrollar el proyecto médico.

El conflicto, lejos de apagarse, vuelve a colocar a Guadalupe Ixcotla en el centro de una controversia que deberá definirse conforme a las normas comunitarias y las determinaciones de las autoridades competentes.