La disputa surgió tras las críticas del funcionario a una iniciativa de la diputada sobre requisitos de residencia para integrantes del gabinete estatal.

Lo que comenzó como una discusión alrededor de una iniciativa legislativa terminó convertido en un procedimiento ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

La diputada local del PAN, Miriam Martínez Sánchez, presentó una queja contra el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, a quien atribuye posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El origen del conflicto se encuentra en las declaraciones realizadas por el funcionario el 7 de septiembre, cuando fue cuestionado sobre una propuesta de Martínez Sánchez relacionada con establecer requisitos de residencia para ocupar cargos dentro del gabinete estatal.

En aquella intervención, de acuerdo con la transcripción incorporada por la legisladora a su denuncia, Marroquín cuestionó la preparación de Martínez Sánchez y señaló, entre otras expresiones, que “se ve que el tema legislativo no le gira bien”, además de pedirle que estudiara y presentara propuestas que considerara sustentadas.

La legisladora sostiene que dichos comentarios dejaron de ser una discusión sobre el contenido de su iniciativa y se transformaron en señalamientos personales sobre su capacidad para ejercer el cargo.

En su escrito, Martínez Sánchez argumenta que las expresiones deben analizarse dentro de su contexto y que podrían constituir violencia política en razón de género en las modalidades verbal, simbólica y psicológica.

La queja fue recibida por la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE el 23 de septiembre, mediante un procedimiento especial sancionador. El órgano electoral tendrá que revisar las pruebas y determinar si existen elementos para continuar con el procedimiento.

Entre las solicitudes de la diputada se encuentran medidas cautelares para evitar que las expresiones señaladas vuelvan a repetirse, así como acciones relacionadas con los contenidos audiovisuales de la conferencia.

Además, planteó que, si eventualmente se acredita la infracción, se establezcan medidas de reparación que podrían incluir una disculpa pública en el mismo espacio donde fueron realizadas las declaraciones, la publicación de un extracto de la resolución y capacitación especializada.

El caso coloca ahora al ITE como árbitro de una disputa que comenzó en el terreno político-legislativo y que ahora deberá analizarse bajo las reglas electorales relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Hasta el momento, los hechos corresponden a una denuncia presentada por la legisladora y la autoridad electoral aún debe determinar si se configura alguna infracción.