Los controles sobre los alimentos fueron reforzados luego de detectar intentos de introducir teléfonos celulares y estupefacientes ocultos en postres.

Los nuevos protocolos de seguridad implementados en los Ceresos de Tlaxcala y Apizaco ya han permitido detectar intentos de ingresar objetos y sustancias prohibidas ocultos entre los alimentos destinados a las personas privadas de la libertad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, informó que las inspecciones de comida ahora son mucho más rigurosas, luego de que se detectaran teléfonos celulares y presuntos estupefacientes escondidos en postres.

Estos casos ya fueron turnados al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades.

La situación forma parte de una estrategia de la SSC para cerrar cualquier vía de ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios y eliminar prácticas irregulares que, según el funcionario, habían sido permitidas anteriormente.

TAMBIÉN LIMITAN EL INGRESO DE COMIDA

Los controles no se limitan a la seguridad. Las autoridades también establecieron restricciones sobre la cantidad de alimentos que pueden ingresar al penal, debido a que las instalaciones no cuentan con refrigeradores para garantizar su adecuada conservación.

La medida busca evitar que los alimentos permanezcan durante periodos prolongados sin condiciones apropiadas y puedan provocar enfermedades gastrointestinales entre la población penitenciaria.

También se estableció el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva ante posibles brotes de Covid-19 e influenza.

Perea Marrufo reconoció que las nuevas reglas han provocado molestia entre algunos familiares, pero sostuvo que el endurecimiento de los controles responde a la necesidad de hacer cumplir la normativa.

El funcionario hizo además un llamado a familiares y abogados para que denuncien cualquier intento de extorsión por parte de custodios, al advertir que ningún trabajador penitenciario está autorizado para cobrar dinero a cambio de permitir el acceso.

“Cero tolerancia” será la postura de la dependencia ante estos casos, aseguró el titular de la SSC, quien advirtió que el personal que incurra en estas prácticas podría enfrentar sanciones penales.

Las autoridades buscan así blindar los centros penitenciarios y evitar que los controles de seguridad vuelvan a ser vulnerados mediante pagos, alimentos u otros mecanismos.